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Regular lo que cambia todos los días: ocho proyectos que vuelven a poner la IA en el centro del debate colombiano

Al final de esta página encontrará nuestro Radar Legislativo IA: una herramienta de COLOMB-IA para consultar los textos oficiales de los proyectos de ley y seguir su evolución y estado de trámite en el Congreso de la República.

Colombia vuelve a discutir cómo regular la inteligencia artificial. Pero esta vez el escenario es distinto. No estamos frente a una única iniciativa que pretende abarcarlo todo, sino ante varios proyectos de ley que, desde perspectivas diferentes, están llevando la conversación hacia la regulación general, el trabajo, el Estado, la educación y la salud.

Eso, por sí solo, ya dice bastante.

A diferencia de lo ocurrido en la legislatura anterior, cuando algunas de las principales iniciativas sobre inteligencia artificial terminaron archivadas, el nuevo período legislativo llega con más propuestas, más temas sobre la mesa y, por tanto, con mucho más material para debatir.

La discusión, sin embargo, no debería reducirse a preguntarnos si Colombia necesita o no una ley sobre inteligencia artificial.

La pregunta verdaderamente difícil es otra:

¿cómo construir reglas para una tecnología que puede cambiar varias veces antes de que termine de tramitarse una ley?

Ahí está una de las grandes paradojas que la inteligencia artificial le plantea al derecho.

La sociedad necesita reglas. Los sistemas de IA ya están interviniendo en decisiones laborales, educativas, administrativas, empresariales, clínicas y comunicativas. Pero cuanto más intenta una norma describir detalladamente la tecnología que existe hoy, mayor es el riesgo de que una nueva generación tecnológica transforme el escenario antes de que esa regulación haya comenzado siquiera a producir todos sus efectos.

Regular demasiado tarde tiene costos.

Pero regular demasiado pronto, sin comprender suficientemente el fenómeno, también puede tenerlos.

Por eso esta discusión no debería pertenecer exclusivamente a abogados o legisladores. Necesita también de ingenieros, científicos, economistas, educadores, empresarios, filósofos, profesionales de la salud, organizaciones sociales y ciudadanos.

La Cámara Colombiana de Inteligencia Artificial COLOMB-IA identifica actualmente ocho iniciativas que, por su relación directa o material con la inteligencia artificial, merecen especial seguimiento.

1. PL 025/2026 Cámara: regulación general de la inteligencia artificial

El Proyecto de Ley 025 de 2026 Cámara es uno de los textos de mayor alcance actualmente en discusión.

Busca establecer una regulación transversal durante el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial y aborda aspectos como clasificación según niveles de riesgo, evaluaciones de impacto, transparencia, supervisión humana, protección de datos, propiedad intelectual, gobernanza, espacios controlados de experimentación regulatoria y un eventual régimen de infracciones y sanciones.

Su campo principal puede resumirse en cinco grandes conceptos:

gobernanza, riesgo, derechos fundamentales, transparencia y responsabilidad.

Detrás de todo esto existe una pregunta aparentemente sencilla, pero fundamental.

¿Debe recibir el mismo tratamiento regulatorio una aplicación que recomienda una canción que un sistema capaz de influir sobre la contratación de una persona, la aprobación de un crédito o una decisión que afecte derechos?

La regulación basada en riesgos surge precisamente para reconocer que no todas las aplicaciones de inteligencia artificial generan las mismas consecuencias.

Y esa diferenciación será uno de los puntos más importantes del debate colombiano.

2. PL 065/2026 Senado: regulación integral y supervisión de los sistemas de IA

El Proyecto de Ley 065 de 2026 Senado también propone un marco de carácter general.

Su alcance comprende el desarrollo, investigación, diseño, comercialización, implementación, utilización y supervisión de sistemas de inteligencia artificial.

Entre otros asuntos, incorpora inteligencia artificial generativa, sistemas considerados de alto riesgo, evaluaciones de impacto algorítmico, transparencia, supervisión humana, gestión de riesgos y una estructura institucional para la gobernanza de la IA.

Su área central es:

regulación integral, gestión del riesgo, institucionalidad y supervisión.

La coexistencia de este proyecto con el PL 025 plantea una discusión que Colombia no debería evitar.

El problema ya no es solamente determinar qué debería contener una futura regulación de inteligencia artificial.

También será necesario decidir cómo armonizar los diferentes proyectos para evitar definiciones incompatibles, autoridades superpuestas, obligaciones duplicadas o modelos de gobernanza que terminen compitiendo entre sí.

Si existen varias iniciativas que persiguen objetivos similares, el verdadero éxito legislativo no consistirá en que todas avancen de manera independiente.

Consistirá en que el proceso produzca convergencia.

3. PL 138/2026 Senado: promoción, desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial

El Proyecto de Ley 138 de 2026 Senado incorpora una perspectiva diferente.

Busca establecer un marco para promover el desarrollo, adopción, uso ético, investigación, formación, implementación sectorial y gobernanza de la inteligencia artificial.

Su enfoque incluye bienestar social, innovación, inclusión, seguridad, transparencia, derechos fundamentales y responsabilidad compartida.

Su área principal podría resumirse así:

ecosistema, innovación, gobernanza responsable, formación e implementación sectorial.

Este proyecto pone sobre la mesa algo que a veces se pierde cuando hablamos de regulación.

Una política pública de inteligencia artificial no puede construirse únicamente alrededor de prohibiciones, sanciones o restricciones.

También necesita desarrollar capacidades.

Colombia necesita talento humano, investigación, infraestructura, empresas capaces de innovar, universidades que produzcan conocimiento, instituciones públicas preparadas y organizaciones que sepan utilizar responsablemente estas tecnologías.

De lo contrario, podemos terminar en una situación paradójica: convertirnos en un país muy ocupado regulando tecnologías creadas en otros lugares, mientras seguimos teniendo una capacidad limitada para desarrollar las nuestras.

Regular e innovar no deberían entenderse como objetivos necesariamente opuestos.

El reto está precisamente en lograr que ambos puedan avanzar.

4. PL 125/2026 Senado: inteligencia artificial y derecho al trabajo

El Proyecto de Ley 125 de 2026 Senado lleva la discusión hacia uno de los ámbitos donde probablemente veremos algunos de los mayores efectos de la inteligencia artificial: el mundo laboral.

Su propósito es armonizar el desarrollo tecnológico con la protección de los trabajadores, la estabilidad laboral y el derecho al trabajo.

Esto conduce directamente a temas como utilización de algoritmos en decisiones laborales, automatización, transparencia, no discriminación, capacitación y adaptación de las personas frente a las transformaciones tecnológicas.

Su área principal es:

empleo, automatización, derechos laborales, gestión algorítmica y reconversión de capacidades.

Aquí aparece una conversación que va mucho más allá de calcular cuántos empleos podrían desaparecer o cuántas nuevas ocupaciones podrían surgir.

Hay una cuestión más profunda.

¿Qué decisiones sobre una persona estamos dispuestos a delegar a un algoritmo?

¿La selección de un candidato?

¿Su evaluación de desempeño?

¿La asignación de turnos?

¿Una decisión disciplinaria?

¿Su desvinculación?

Y si un sistema participa en esas decisiones, ¿quién debe explicar el resultado y quién debe responder por él?

La inteligencia artificial puede transformar el trabajo.

Pero la transformación tecnológica no debería convertir en invisible la responsabilidad humana.

5. PL 102/2026 Cámara: Ley Antitrámites 2.0

El Proyecto de Ley 102 de 2026 Cámara propone avanzar hacia un Estado más inteligente, interoperable y proactivo mediante el uso de inteligencia artificial, analítica de datos y otras tecnologías digitales.

La idea es racionalizar, simplificar, digitalizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos.

Su área principal es:

Estado digital, GovTech, interoperabilidad, automatización y servicio al ciudadano.

Este proyecto es especialmente interesante porque cambia el lugar que ocupa la inteligencia artificial dentro de la discusión.

Aquí la IA ya no es solamente algo que el Estado pretende regular.

También se convierte en una tecnología que el propio Estado quiere utilizar.

Las posibilidades son considerables.

Un Estado que utilice adecuadamente datos, automatización e inteligencia artificial podría reducir tiempos, anticipar necesidades, eliminar trámites innecesarios, detectar inconsistencias y mejorar la relación entre ciudadanía y administración pública.

Pero también aparecen riesgos.

Cuando una decisión administrativa está apoyada por un algoritmo, el ciudadano debería poder saber qué ocurrió.

Deberían existir trazabilidad, protección de datos, mecanismos de revisión, criterios de explicabilidad y responsables claramente identificables.

La eficiencia pública es importante.

Pero la eficiencia no puede reemplazar las garantías.

6. PL 162/2026 Cámara: robótica, tecnología e inteligencia artificial en la educación

El Proyecto de Ley 162 de 2026 Cámara propone fortalecer la enseñanza de robótica, tecnología, informática, automatización e inteligencia artificial dentro de la educación básica.

Su área principal es:

educación, alfabetización tecnológica, robótica, pensamiento computacional y competencias para la era de la IA.

La discusión resulta especialmente pertinente.

Un país no se prepara para la inteligencia artificial simplemente comprando computadores, adquiriendo licencias o incorporando aplicaciones.

Se prepara formando personas capaces de comprender la tecnología.

Personas que sepan utilizarla, pero también cuestionarla.

Que puedan crear con ella, reconocer sus limitaciones, entender cuándo puede equivocarse y desarrollar criterios para utilizarla responsablemente.

La alfabetización en inteligencia artificial debería incluir conocimientos técnicos, pero no limitarse a ellos.

Necesita pensamiento crítico, creatividad, ética y capacidad de distinguir entre información, conocimiento y contenido generado automáticamente.

En otras palabras, no necesitamos solamente estudiantes que sepan utilizar inteligencia artificial.

Necesitamos ciudadanos capaces de convivir críticamente con ella.

7. PL 216/2026 Senado: gobernanza de inteligencia artificial en salud

El Proyecto de Ley 216 de 2026 Senado aborda uno de los ámbitos donde el uso de inteligencia artificial exige mayores precauciones: la salud.

Propone establecer reglas para el desarrollo, entrenamiento, validación, comercialización, implementación, supervisión y eventual retiro de sistemas de inteligencia artificial utilizados en este sector.

Sitúa en el centro asuntos como la seguridad del paciente, la protección de los datos de salud, la autonomía profesional, la privacidad y la integridad científica.

Su área principal es:

inteligencia artificial en salud, seguridad del paciente, evidencia científica, datos sensibles y autonomía profesional.

En este ámbito, la proporcionalidad del riesgo resulta particularmente evidente.

Un error en una aplicación de entretenimiento difícilmente tiene las mismas consecuencias que un error asociado con un diagnóstico, una priorización clínica o una recomendación de tratamiento.

Por eso, cuando aumenta el posible impacto sobre las personas, también debería aumentar el nivel de control.

La utilización de inteligencia artificial en salud puede producir avances extraordinarios.

Pero precisamente porque sus beneficios pueden ser extraordinarios, los estándares de evidencia, validación y supervisión también deben ser especialmente rigurosos.

8. PL 177/2026 Cámara: termografía asistida por IA para el tamizaje de cáncer de mama

El Proyecto de Ley 177 de 2026 Cámara es probablemente la iniciativa más específica dentro de este grupo.

Busca incorporar la termografía infrarroja clínica asistida por inteligencia artificial como método complementario para el tamizaje de cáncer de mama, especialmente en poblaciones que tienen dificultades para acceder a una mamografía.

Su área principal es:

salud, inteligencia artificial diagnóstica, tecnología médica, acceso y detección temprana.

Aunque se trata de una aplicación muy concreta, las preguntas que plantea son mucho más amplias.

¿Cómo debería ingresar una nueva tecnología médica basada en inteligencia artificial al sistema de salud?

¿Qué nivel de evidencia científica debería exigirse?

¿Cómo se valida un algoritmo utilizado sobre diferentes poblaciones?

¿Cómo se detectan posibles sesgos?

¿Quién responde cuando una tecnología falla?

¿Y cómo se vigila su comportamiento después de comenzar a utilizarse?

Son preguntas que seguramente volveremos a encontrar en muchas otras aplicaciones médicas basadas en inteligencia artificial.

Tener más proyectos no significa automáticamente tener mejor regulación

Que hoy existan múltiples iniciativas legislativas relacionadas con inteligencia artificial es una señal positiva.

Significa que Colombia está comenzando a discutir de forma más amplia un fenómeno que ya está transformando la economía, el trabajo, la educación, la salud y la propia administración pública.

Pero ocho proyectos no significan necesariamente ocho respuestas correctas.

La cantidad de iniciativas nunca puede convertirse, por sí sola, en un indicador de calidad regulatoria.

El desafío está en lograr coherencia.

Colombia debería evitar que diferentes leyes terminen estableciendo conceptos incompatibles de inteligencia artificial, clasificaciones de riesgo distintas, autoridades que dupliquen funciones o requisitos que generen cargas innecesarias para empresas, instituciones públicas, investigadores y emprendedores.

Necesitamos debate.

Pero ese debate debería acercarnos progresivamente a una arquitectura común.

También será necesario mirar más allá de nuestras fronteras.

La inteligencia artificial es una tecnología profundamente internacional.

Los modelos que utilizamos pueden ser desarrollados en un país, entrenados con infraestructura ubicada en otro, comercializados por una empresa constituida en un tercero y utilizados finalmente por una organización colombiana.

Los datos, proveedores, servicios en la nube, modelos fundacionales y cadenas tecnológicas atraviesan jurisdicciones.

Por eso la interoperabilidad internacional no es un asunto secundario.

Es una condición práctica.

El desafío más difícil: construir una regulación que envejezca lentamente

Tal vez aquí se encuentre la pregunta más importante de toda esta discusión.

Las leyes buscan estabilidad.

La inteligencia artificial vive del cambio.

Mientras una norma necesita tiempo para discutirse, aprobarse, reglamentarse y aplicarse, los modelos de inteligencia artificial pueden cambiar en cuestión de meses.

Esto obliga a pensar de otra manera.

La regulación colombiana necesitará encontrar una arquitectura capaz de ser estable en sus principios, pero flexible en sus mecanismos.

Eso puede significar privilegiar principios tecnológicamente neutrales; regular de manera proporcional al riesgo; establecer obligaciones relacionadas con el impacto de los sistemas y no únicamente con el nombre de una tecnología; gestionar riesgos durante todo el ciclo de vida; exigir documentación y evidencia; garantizar supervisión humana cuando resulte necesaria; utilizar estándares técnicos actualizables; habilitar experimentación regulatoria; buscar interoperabilidad internacional y establecer mecanismos periódicos de evaluación.

Nada de eso significa construir una regulación débil.

Al contrario.

Significa identificar correctamente qué elementos deberían permanecer y cuáles inevitablemente cambiarán.

La dignidad humana debería permanecer.

Los derechos fundamentales deberían permanecer.

La responsabilidad debería permanecer.

La seguridad debería permanecer.

La posibilidad de exigir explicaciones y cuestionar decisiones debería permanecer.

Lo que probablemente cambiará muchas veces serán los modelos, las arquitecturas, las capacidades computacionales y las aplicaciones.

La regulación necesita aprender a convivir con esa diferencia.

Incluso los estándares internacionales de gestión de inteligencia artificial comienzan a incorporar esta lógica de revisión, evaluación de riesgos y mejora continua.

Quizás las leyes también necesiten aprender.

En el fondo, regular inteligencia artificial es discutir sobre poder

Podemos hablar de algoritmos, modelos, datos, infraestructura, entrenamiento y capacidad computacional.

Pero detrás de todas esas palabras existe una discusión más antigua.

Una discusión sobre poder.

Quién diseña los sistemas.

Quién decide para qué se utilizan.

Quién controla su funcionamiento.

Quién conoce sus criterios.

Quién asume sus riesgos.

Quién recibe sus beneficios.

Quién puede cuestionar una decisión.

Y, finalmente, quién responde cuando algo sale mal.

Por eso Colombia debería evitar dos posiciones extremas.

La primera es pensar que cualquier regulación necesariamente detendrá la innovación.

La segunda es asumir que cualquier regulación, por el simple hecho de existir, protegerá a la sociedad.

Ninguna de las dos afirmaciones es necesariamente cierta.

Una buena regulación debería ser capaz de hacer dos cosas que a veces presentamos equivocadamente como incompatibles:

proteger y habilitar.

Proteger derechos, seguridad, autonomía humana y confianza.

Pero, al mismo tiempo, permitir innovación, investigación, inversión, productividad y desarrollo tecnológico.

Ese equilibrio será uno de los grandes desafíos de esta legislatura.

Los ocho proyectos actualmente identificados ofrecen suficiente material para comenzar una conversación mucho más profunda que la simple decisión de estar “a favor” o “en contra” de regular la inteligencia artificial.

La responsabilidad ahora pertenece al Congreso, pero no exclusivamente al Congreso.

También corresponde al Gobierno, la academia, las empresas, los gremios, las comunidades técnicas, las organizaciones sociales y al ecosistema colombiano de inteligencia artificial.

La oportunidad no consiste únicamente en aprobar una ley.

Consiste en construir un marco que funcione para la Colombia de 2026, pero que conserve sentido cuando la inteligencia artificial de 2028, 2030 o 2035 sea muy distinta de la que conocemos actualmente.

Ese debería ser uno de nuestros principales criterios de éxito.

La mejor regulación para una tecnología que cambia todos los días quizá no sea aquella que intente adivinar cada innovación que vendrá. Probablemente será aquella capaz de reconocer qué principios no deberían quedar obsoletos aunque la tecnología sí cambie.

Desde la Cámara Colombiana de Inteligencia Artificial COLOMB-IA vemos esta nueva legislatura como una oportunidad para elevar la conversación.

Hay más proyectos, más sectores involucrados y más preguntas sobre la mesa que en el período anterior.

Eso debería servir para construir un debate técnico, plural, informado y conectado con el contexto mundial.

Si logramos hacerlo bien, Colombia no tendrá simplemente una regulación sobre inteligencia artificial.

Podrá construir una arquitectura que proteja a las personas, dé confianza al ecosistema, permita innovar y, sobre todo, tenga la capacidad de seguir siendo útil en un entorno donde lo único que podemos afirmar con bastante seguridad es que la inteligencia artificial de mañana no será exactamente la misma que estamos tratando de regular hoy.