Regular la inteligencia artificial sin aislarnos

Colombia necesita construir sus propias reglas, pero también entender que la tecnología, los mercados y los estándares ya no reconocen fronteras con la misma facilidad que las leyes.

¿Puede un país regular la inteligencia artificial como si su mercado tecnológico terminara en sus fronteras?

La pregunta empieza a ser mucho más importante de lo que parece. Durante los últimos años, buena parte de la conversación sobre regulación de inteligencia artificial se ha concentrado, con razón, en los riesgos: qué derechos deben protegerse, qué usos deberían limitarse, quién responde cuando un sistema falla y qué nivel de transparencia debemos exigir a quienes desarrollan o utilizan estas tecnologías.

Sin embargo, empieza a aparecer otra discusión que Colombia no debería pasar por alto: ¿con qué ecosistema regulatorio queremos que nuestras empresas puedan trabajar?

La pregunta cobra especial relevancia a partir de la discusión que se está dando en México. Pablo Pruneda Gross, coordinador general del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM, ha planteado la conveniencia de construir una regulación de IA vinculada con la realidad económica de Norteamérica y con el T-MEC, apoyándose en estándares técnicos, evaluaciones de riesgo medibles y mecanismos que inicialmente privilegien incentivos antes que sanciones.

Es importante precisar que no estamos hablando de una decisión del Gobierno mexicano ni de una modificación acordada al T-MEC. Se trata de una posición académica dentro de una discusión que apenas está evolucionando. Pero precisamente por eso resulta interesante: permite anticipar una cuestión que tarde o temprano tendrán que enfrentar muchos países.

La inteligencia artificial puede regularse nacionalmente, pero funciona internacionalmente.

Los modelos que utilizamos pueden haber sido desarrollados en Estados Unidos; la infraestructura de nube puede operar desde otro país; los chips provienen de cadenas globales; los datos pueden atravesar distintas jurisdicciones; las empresas colombianas venden servicios en mercados extranjeros y sus clientes, a su vez, pueden exigir estándares desarrollados en Europa, Norteamérica o cualquier otra región.

Ahí aparece un problema que pocas veces ocupa el centro del debate colombiano.

Imaginemos una startup nacional que desarrolla una solución de inteligencia artificial y quiere venderla en Colombia, México, Estados Unidos y Europa. Podría terminar enfrentando simultáneamente la legislación colombiana, las exigencias europeas, requerimientos contractuales de clientes internacionales, estándares ISO, normas sectoriales y eventualmente nuevas obligaciones provenientes de otros países.

Para una gran multinacional, administrar varios sistemas de cumplimiento puede ser costoso, pero posible. Para una pequeña empresa colombiana puede convertirse sencillamente en una barrera de entrada.

Por eso, cuando hablamos de regulación, no deberíamos preguntarnos únicamente cuántas obligaciones tendrá una empresa. También debemos preguntarnos qué tan compatibles son esas obligaciones entre sí.

Esto no significa que Colombia deba copiar automáticamente el modelo europeo, estadounidense, mexicano o brasileño. Sería un error. Cada país tiene instituciones, capacidades productivas, riesgos y prioridades diferentes. México, por ejemplo, tiene un nivel de integración económica con Estados Unidos y Canadá que Colombia no posee.

Pero tampoco tendría mucho sentido construir una regulación colombiana completamente desconectada de los mercados con los que nuestras empresas necesitan relacionarse.

Ese equilibrio entre autonomía e interoperabilidad probablemente será uno de los asuntos más complejos de nuestra futura gobernanza de inteligencia artificial.

Colombia debe conservar la capacidad de establecer sus propias prioridades, especialmente cuando estén comprometidos derechos fundamentales, protección de datos, seguridad, competencia, empleo o intereses estratégicos nacionales. Pero ejercer soberanía regulatoria no significa necesariamente inventar una norma diferente para cada problema.

En algunos casos será razonable adoptar estándares internacionales. En otros tendremos que adaptarlos. Y habrá asuntos en los que Colombia tendrá razones legítimas para construir soluciones propias.

Lo importante es que esas diferencias sean deliberadas y técnicamente justificadas, no simplemente producto de que distintas entidades o proyectos legislativos avanzaron sin conversar entre sí.

Aquí existe una oportunidad concreta.

Antes de consolidar un marco general de inteligencia artificial, Colombia podría realizar un ejercicio sistemático de comparación entre los proyectos que actualmente se discuten en el país y referencias como los principios de la OCDE, la Recomendación de UNESCO, los estándares ISO/IEC, el AI Act europeo, los marcos estadounidenses, la experiencia brasileña, los desarrollos mexicanos y nuestra propia regulación sectorial.

No para determinar quién tiene la “mejor” regulación.

Tampoco para copiar artículos.

El propósito debería ser mucho más práctico: saber dónde Colombia coincide con los principales estándares internacionales, dónde se aparta de ellos y, sobre todo, cuál es la razón y el costo de hacerlo.

Una especie de matriz de interoperabilidad regulatoria permitiría identificar contradicciones antes de convertirlas en obligaciones. También podría mostrar qué requisitos son equivalentes, cuáles podrían reconocerse mutuamente y cuáles terminarían obligando a una empresa colombiana a repetir procesos de evaluación, certificación o auditoría simplemente porque nuestras reglas utilizan criterios diferentes.

Esto tiene implicaciones económicas.

La regulación tecnológica ya no puede analizarse exclusivamente como un asunto jurídico. También forma parte de la política de competitividad.

Una norma mal diseñada puede elevar costos de cumplimiento, afectar exportaciones digitales o desalentar inversión. Pero lo contrario también es cierto: un marco confiable, técnicamente sólido y reconocible internacionalmente puede convertirse en una ventaja para las empresas colombianas.

Incluso podría abrir un nuevo mercado de servicios profesionales. Abogados, ingenieros, auditores, consultores, universidades y especialistas colombianos podrían desarrollar capacidades exportables en evaluación de riesgos, cumplimiento, auditoría algorítmica, gobernanza de datos y estándares de inteligencia artificial.

Naturalmente, también existen riesgos.

Colombia no puede diseñar sus normas exclusivamente para satisfacer a mercados extranjeros. Tampoco debería asumir que todo estándar internacional responde necesariamente a nuestra realidad. Y mucho menos convertir certificaciones costosas en requisitos indiscriminados que terminen expulsando a mipymes y startups del mercado.

La interoperabilidad no puede convertirse en dependencia.

Pero la autonomía tampoco debería confundirse con aislamiento.

Ese quizás sea el punto central de esta discusión.

Durante los próximos años probablemente veremos diferentes arquitecturas regulatorias consolidarse alrededor del mundo. Europa seguirá desarrollando su modelo. Estados Unidos tendrá su propia evolución. Brasil avanza en su discusión. México tiene razones económicas para mirar hacia Norteamérica. Otros países latinoamericanos buscarán combinaciones distintas.

Colombia tendrá que encontrar su posición dentro de ese mapa.

Y esa decisión no debería reducirse a escoger entre “regular como Europa”, “regular como Estados Unidos” o inventar una supuesta tercera vía colombiana. La discusión debería ser bastante más madura.

La pregunta es qué debemos adoptar, qué necesitamos adaptar y en qué asuntos realmente tenemos razones suficientes para diferenciarnos.

En últimas, la soberanía tecnológica no se demuestra creando la mayor cantidad posible de reglas propias. Se demuestra teniendo la capacidad institucional y técnica para decidir cuáles nos convienen.

Porque una regulación puede ser jurídicamente impecable y, al mismo tiempo, convertirse en un problema económico si obliga a nuestras empresas a funcionar bajo estándares incompatibles con los mercados donde necesitan competir.

Por eso, antes de preguntarnos solamente cómo debe Colombia regular la inteligencia artificial, quizá deberíamos formular una segunda pregunta:

¿cuánto podría costarle al país regularla de una manera que el resto de nuestros mercados no reconozca?